FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado Ponente
AC7827-2014
(Aprobado en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil catorce)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014).
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Inversiones Beldok Ltda. para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 10 de julio de 2013, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario de la impugnante contra Bancolombia S.A.
ANTECEDENTES
Como consecuencia del colapso sufrido por ese sistema de financiación en 1999, se dio inicio a uno nuevo basado en la unidad de cuenta UVR, debiendo los bancos «devolver a los usuarios dineros cobrados en exceso» sin que correspondiera a «lo que en realidad debieron devolver», máxime cuando la deudora no se benefició «del alivio ordenado en la ley 546 de 1999» y contando con el «derecho a la reliquidación del crédito, teniendo en cuenta los factores objeto de reliquidación», de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el tema (folios 6 al 8, cuaderno 1).
La resolución se cimento en que (folios 23 al 31, cuaderno 6):
CONSIDERACIONES
Así lo precisó la Sala en autos de 16 de agosto de 2012 y 12 de julio de 2013, rad. 2009-00466 y 2006-00622-01, al exigir que
(…) sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos.
Los hace consistir en que (folios 20 al 28):
Y en este caso la deuda «no es de vivienda, pero la reliquidan y le dan un alivio», la redenominan en las UVR creadas por la Ley 546 de 1999, sin que se apliquen «los precedentes constitucionales con respecto al tema» y, a pesar de su calidad, «esta obligación sufrió una alteración grave en lo que tiene que ver con pagos exagerados periódicos, que solo soportó la parte demandante y que el fallador de segunda instancia pasó por alto».
Para su demostración se requiere, además de invocar el precepto sustancial infringido, estructurar la relevancia de la equivocación, ya sea por haberse dado una leída equivocada al escrito con el que se plantea el debate o la defensa ejercida por el contradictor, así como cuando el fallo contraría una idónea tasación objetiva de los medios de convencimiento, ya sea por no tenerlos en cuenta, darles alcances que no tienen o alterar lo que se extrae de ellos, como lo señaló la Corporación en AC de 27 de marzo de 2012, rad. 2007-01425, según el cual
(…) previa individualización de las estipulaciones de derecho material que se señalen indirectamente afectadas, “el recurrente debe poner en tela de juicio el discernimiento que el juzgador haya realizado sobre las pruebas, la demanda o su contestación, supuesto éste en el que resulta necesario que el casacionista señale si ese error se presentó en la apreciación objetiva del medio probatorio, bien por suposición, preterición o tergiversación de su contenido (Auto de 22 de febrero de 2010, ref. 1999-07596).
Se quedó corto de esta manera el planteamiento del desafuero que se le endilga al ad quem, que resulta vago e imposibilita su estudio sobre un supuesto preciso o la confluencia de varios para el motivo de desacuerdo enunciado, lo que riñe con la rigurosidad de este extraordinario medio de contradicción.
La Sala en AC6997-2014, en una situación que se asemeja a la presente, indicó que
El memorial presentado no cumple con los presupuestos del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la «síntesis del proceso y de los hechos materia del litigio» ni la «formulación por separado de los cargos, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa» (…) Esa exigencia no quiere decir cosa distinta a que se especifique cuál de las causales del artículo 368 ibidem es la que se configura y en qué consiste la anomalía que da lugar al quiebre del fallo, dentro de las particularidades que exige cada uno de ellos, sin que se cumpla esa labor con la exposición de simples inconformidades con lo resuelto o el replanteamiento del litigio, puesto que no se trata de una nueva instancia o una etapa adicional para alegar.
Ni siquiera se dice si dichas pruebas fueron preteridas o se obtuvo de ellas una visión ajena a lo que allí figura, limitándose a señalar que la experticia «arrojó un saldo considerable a favor del demandante por aquello de la capitalización de intereses que, a la postre, fue factor decisivo para desequilibrar al extremo que represento, en el cumplimiento del contrato», lo que no corresponde a un examen crítico, serio y razonado de ese laborío, que compruebe el desliz del sentenciador, ni mucho menos a la revelación de que esos resultados, por sí solos, derrumben los cimientos argumentativos del pronunciamiento cuestionado.
Se enfoca así la recurrente en proponer, en una forma deshilvanada y al estilo de un alegato de instancia, un punto de vista particular de cómo debió desatarse el pleito, sin ahondar en el análisis de los medios de convicción recaudados para resaltar un desfase en la labor del Tribunal, ni mucho menos esforzarse en cohesionar los puntos que estructurarían el embate por la causal referida.
Esta Sala, en AC de 9 de agosto de 2010, rad. 2002-00198-01, en un caso similar, advirtió que
(…) la parte recurrente no acometió en el libelo respectivo, con el rigor necesario, la demostración del error que ella considera se cometió en el fallo acusado. En efecto, en su desarrollo no se realizó satisfactoriamente la labor de contraste entre lo que la prueba pericial acredita y lo que el juzgador vio o dejó de ver en ella, con lo cual no se dio cumplimiento al requisito consagrado en el segundo inciso del num. 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “[c]uando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre” (subraya la Sala). Ese ejercicio demostrativo incluye, además, la explicación de la trascendencia del error, de manera que se acredite satisfactoriamente la relación de causa a efecto entre el yerro y la determinación adoptada por el ad quem (…) Como se puede observar en la reseña efectuada sobre el cargo en comento, la labor dialéctica de la parte recurrente se enderezó a realizar una crítica genérica a las conclusiones del Tribunal, más a la manera de un alegato de instancia que como corresponde hacerlo en un cargo planteado con el propósito de obtener el quiebre en fallo de segunda instancia por parte del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
Sin embargo, la impugnante se guarda de profundizar al respecto, para minimizar la discusión a que el «hecho de que no sea obligación de vivienda, no quiere decir que, cuando se den las circunstancias imprevistas e imprevisibles después de la firma del contrato, este no se pueda revisar y acomodar las cargas de acuerdo a la equidad o en su defecto declarar la terminación del contrato», dejando al aire en qué consistieron dichos eventos, si se demostraron en el proceso y con qué pruebas.
Menos se preocupa por desvirtuar el aserto del ad quem, de que se excedió la falladora de primer grado, porque los aspectos que le sirvieron para imponer la condena revocada sí fueran los indicados en la demanda.
El escueto memorial de formulación del cargo, desde esta perspectiva, no cumple con los parámetros mínimos de suficiencia, puesto que en él se omite atacar de manera íntegra los pilares de la providencia censurada, lo que lo torna en incompleto.
La Corporación en el mismo AC de 9 de agosto de 2010, rad. 2002-00198-01, encontró que
(…) la acusación no enfrenta, como corresponde, otros soportes básicos del fallo desestimatorio del Tribunal, consistentes en considerar que el crédito materia de la controversia no había sido concedido para la adquisición de vivienda (…), lo que inhibía la aplicación de la Ley 546 de 1999, además de la carencia de prueba de las circunstancias económicas sobrevinientes y extraordinarias que hubieran podido allanar el camino a la aplicación de la teoría de la imprevisión (…) Ha de recordarse respecto de la referida deficiencia, como la Corte lo ha reiterado insistentemente, que “cuando la sentencia acusada se basa en varios motivos jurídicos independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura es casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada” (Cas. Civ. de 19 de diciembre de 2005)
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por Inversiones Beldok Ltda.
Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.